Domingo, 25 Julio 2021

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Jueza ordena al Congreso suspender las elecciones para el Tribunal Constitucional

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Día D. Magistrada constitucional Soledad Blácido dispone la suspensión del proceso. Sin embargo, en Junta de Portavoces acuerdan no acatar la orden judicial y hoy sesionarán para elegir a miembros del TC. Mientras tanto, una segunda acción de amparo es tramitada, cuestionando la falta de transparencia del concurso.
La suma de anomalías le acaba de pasar factura al Congreso de la República. El Poder Judicial concedió ayer una medida cautelar y ordenó al Parlamento la suspensión temporal de la sesión del Pleno programada para hoy, en la que se tenía previsto avanzar con la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC).

La resolución judicial fue emitida por la jueza constitucional Soledad Blácido Báez. En el documento precisa que la suspensión será hasta que se resuelva el fondo de una acción de amparo tramitada contra el proceso de elección para el TC.

En respuesta, la Junta de Portavoces decidió anoche no acatar esta orden y hoy sesionarán desde las 9 a.m. para la elección del TC. Votaron por este acuerdo el Frepap, Fuerza Popular, Acción Popular, APP, Podemos Perú, Somos Perú, UPP, Nueva Constitución y Descentralización Democrática. Solo se opusieron el Frente Amplio y el Partido Morado.

Bajo responsabilidad
Tanto la acción de amparo como la medida cautelar fueron tramitadas por el abogado Walter Ayala Gonzales, expresidente de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima.

 Los escritos fueron tramitados el 30 de junio. El lunes 5 de julio, el abogado Walter Ayala tuvo la oportunidad de exponer el contenido de lo planteado ante la jueza, en el marco del sistema “El juez te escucha”.

Ayala hizo énfasis en la necesidad de conceder la medida cautelar, debido a que el Pleno iba a sesionar este miércoles y cualquier decisión posterior no tendría los efectos necesarios.

La jueza Soledad Blácido emitió ayer una resolución admitiendo a trámite la acción de amparo y dio cinco días de plazo para que el Congreso responda a los cuestionamientos sobre el concurso para el TC.

 Pero, además, la jueza sacó una segunda resolución concediendo la medida cautelar, con lo cual ordena la suspensión de plenos de hoy y mañana.

En esta segunda resolución, la jueza subraya que el incumplimiento de la suspensión por parte de los congresistas puede dar pie a los apremios y responsabilidades establecidos en el Código Procesal Constitucional.

El constitucionalista Luciano López Flores explicó que el incumplimiento, entonces, puede acarrear sanciones que van desde la multa hasta la remisión de copias a la Fiscalía.

El especialista Omar Cairo precisó que cualquier acto que realice hoy el Pleno sobre la elección de miembros del TC es nulo. Destacó que el TC no podrá juramentar a quienes eventualmente resulten elegidos. En los mismos términos se pronunció Walter Albán, en declaraciones para RPP.

“Aquí no hay nada de invasión de poderes”, explicó Cairo y agrega: “La jueza no está diciendo a quién elegir o no. Lo que dice es que se suspende el concurso ante posibles vicios que afectan los derechos constitucionales como la transparencia, pues no han publicado el detalle de las puntuaciones”.

 López y Cairo coincidieron en destacar el caso de Alan García, quien, mediante una acción constitucional, logró una orden judicial contra el Congreso. En este caso, el Poder Judicial había ordenado a la comisión investigadora que presidía Sergio Tejada detener las investigaciones contra el expresidente. El Congreso acató la orden.

Ayer también los abogados Luciano López, Walter Albán, Renzo Cavani, César Higa y Carlos Villavicencio tramitaron una segunda acción de amparo, en la cual además cuestionan que esta elección se vaya a realizar en una cuarta legislatura, que también sería inconstitucional.

Reacciones del Congreso
La noticia de la resolución de la jueza constitucional cayó como un baldazo de agua fría ayer en el Congreso. Distintas voces salieron para cuestionar el fallo y lanzar una serie de acusaciones y agravios contra la magistrada.

“Es indignante que un juez de cuarta categoría pretenda frenar al Parlamento en su deber constitucional (...) Ningún poder del Estado está excepto de actos de corrupción”, dijo, por ejemplo, el legislador José Vega, de Unión por el Perú.

La siguiente agresión verbal provino del legislador Franco Salinas, de Acción Popular: “El día de hoy, en contubernio, en complicidad y en lo que finalmente terminan siendo también un tipo de organización criminal (...) pretenden evitar, con argucia, que el Congreso no lleve a cabo una obligación constitucional”, apuntó.

Carlos Fernández Chacón, del Frente Amplio, se sumó al coro de quienes calificaban a la jueza constitucional con la expresión de “cuarta categoría”.

La fujimorista Martha Chávez consideró que la citada jueza debería ser investigada. Carlos Almerí, de Podemos Perú, consideró que la magistrada debe ser destituida.

De hecho, ayer mismo la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) anunció el inicio de investigación preliminar contra la jueza Soledad Blácido Báez “por haber dictado el auto admisorio de la demanda de acción de amparo y medida cautelar”.

Miembros de Alianza para el Progreso intentaron vincular a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, con esta decisión.

La magistrada Elvia Barrios de inmediato salió a rechazar cualquier injerencia en la resolución a favor de la medida cautelar. También descartó haber tenido comunicación con el presidente Francisco Sagasti.

Sin transparencia
El concurso público para el TC se realizó con una serie de irregularidades. Por un lado, el reglamento fue aprobado sin una adecuada deliberación y sin cumplir con el mecanismo de participación ciudadana, según fue advertido por varias organizaciones en un oficio remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la calificación de expedientes se excluyó a candidatos por incumplimiento de requisitos que no estaban claramente establecidos en el reglamento, y sin derecho a apelación. Asimismo, retiraron a un candidato supuestamente por no tener el título registrado en la Sunedu, a pesar de que sí estaba inscrito.

La estocada final se dio con el incumplimiento del reglamento del concurso, sobre la publicación del detalle de las puntuaciones en los rubros de solvencia moral, trayectoria y proyección personal. Tampoco publicaron la motivación de estas calificaciones. A pesar de ello, el Congreso seguirá con la arremetida de la elección.

 La admisión de una demanda de amparo y la medida cautelar que suspende el proceso de elección de magistrados del TC han causado un terremoto. Se habla de invasión de fueros: el del Congreso por parte del Poder Judicial. Se acusa a la jueza de prevaricato. Para entender el problema, hay que tener claro lo que le corresponde a cada poder del Estado.

Nadie niega que el Congreso es competente para elegir a los magistrados constitucionales: la Constitución se los reconoce. Pero esta facultad no es incondicional ni puede ejercerse de cualquier forma. Están sujetas a reglas. ¿Cuáles? Los tratados internacionales, la Constitución, la Ley Orgánica del TC. Además del reglamento que el propio Congreso aprobó para el concurso. Todas ellas le imponen condicionamientos y deberes al Congreso.

A lo largo de los últimos meses, el Congreso sistemáticamente ha incumplido esas reglas. Algunos incumplimientos graves: no evaluar la idoneidad ética, como la ley lo ordena; ignorar vínculos político-partidarios o presuntos vínculos con redes criminales de varios aspirantes, que afectarían la independencia del futuro tribunal. Otros muy claros: el propio reglamento obliga a publicar calificaciones desagregadas y a motivar los puntajes. Y no se hizo.

¿Qué le compete al juez constitucional? En primer lugar, recordar al órgano legislativo que sus potestades tienen límites. Estos límites protegen el derecho de los ciudadanos a tener magistrados/as independientes e imparciales, reconocido a nivel constitucional e internacional. El control judicial de estas designaciones existe en muchos países de América Latina y tiene sustento en la Convención Americana de DD. HH. (art. 25). La protección de estos derechos, cuando el Congreso ha traspasado sus límites, está en el fuero de la justicia.

Fuente: La Republica

 

 

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